A finales de febrero de este año, el fiscal general del
Estado, Eduardo
Torres-Dulce, recibía
un contundente informe de 16 páginas en el que se le detallaban diversas
sentencias de los tribunales y una incipiente investigación de la Comisión
Europea sobre la contaminación de toda la cuenca del Llobregat, que abastece
de agua al
área metropolitana de Barcelona. En el escrito se detalla que Iberpotash tiene 9 concesiones mineras en
Súria y una en Sallent, ambas consecuencia de un programa aprobado en el año
2003 y con autorizaciones ambientales que van desde 2006 hasta 2008.
El
escrito especifica también las sucesivas sentencias judiciales como consecuencia
de las cuales la Generalitat tuvo que pedir a Iberpotash una
fianza de más de 585.000 euros primero y, más tarde, de 6,9
millones “a la que ha aplicado una inaudita reducción del 50%”. Y
explica: “Mientras tanto, la escombrera del Cogulló, que ahora Iberpotash
presenta como un depósito salino a la expectativa futura de explotación para
aprovechamiento de la sal sódica, supera
los 55 millones de toneladas en residuos altamente contaminantes y
sigue impunemente creciendo, con las consecuencias por todos conocidos de
salinización de la cuenca del Llobregat”. El firmante de la denuncia aporta
también las diferentes sentencias a favor de asociaciones de vecinos.
Pero
el apartado más importante desvela un dato inédito: que Europa
investiga la contaminación producida. El párrafo en cuestión señala:
“La Comisión Europea ha incoado un procedimiento de infracción, con
referencia CHAP (2013) 01557 de la Dirección General de Medio Ambiente,
por los reiterados incumplimientos de la normativa ambiental comunitaria en
relación con la actividad extractiva de Iberpotash en Sallent y en Súria, a raíz
de mi denuncia presentada el 14 de mayo de 2013 ante dicho organismo con sede en
Bruselas”.
En
esa denuncia se aseguraba que la compañía salinera incumple la obligación de
gestionar los residuos salinos, que la Generalitat permanece inactiva ante la
intensificación del riesgo, que se está gastando dinero público para paliar la
contaminación producida por Iberpotash, la “vulneración del principio quien
contamina paga”, que los daños causados pueden
llegar a ser irreversibles “en la calidad de las aguas destinadas a la
extracción de agua potable para la población de toda la región metropolitana de
Barcelona” y que se han realizado actividades industriales sin el permiso
correspondiente.
El
extenso informe enviado a Europa habla también de “los obstáculos para hacer
cumplir la normativa comunitaria vigente debido a la connivencia de la
Administración de la Generalitat de Cataluña con Iberpotash” y demanda exigencia
de responsabilidades a las autoridades públicas que permiten esta situación.
Un
insigne vecino cabreado
El
insigne personaje que firma tanto la denuncia a Fiscalía como la de Bruselas
es Sebastià
Estradé y puede presumir de ser doctor en derecho, diplomado en
ingeniería industrial, exprofesor de Física Nuclear, exsecretario de la Cátedra
Especial de Tecnologías del Espacio de la Universidad de Barcelona y presidente
de la sección de Derecho Aeronáutico y espacial del Colegio de Abogados de
Barcelona. Además, es un prolífico autor catalán (ha escrito una treintena de
obras de divulgación científica, narrativa breve, ciencia ficción y divulgación
ambiental) y tiene 91 años, aunque conserva toda su lucidez y agilidad
mental.
En
enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya le daba la
razón a Estradé en su contencioso con el Gobierno catalán y con
Iberpotash, a quien reclama que gestione los residuos como hacen todas las
compañías en Europa o como esa misma empresa hace en otros países. La firma, de
capital israelí, tiene yacimientos abiertos en Súria y en Sallent. El fallo de
enero del año pasado reforzaba una sentencia anterior de 2011 que anulaba
parcialmente la autorización ambiental de la explotación minera.
El
15 de octubre de 2013, el TSJC dictaba otra sentencia dando la razón a la
Asociación de vecinos Sant Antoni del barrio de La Rampinya, de Sallent, que
habían denunciado a la Generalitat y a Iberpotash por la contaminación del medio
ambiente. Los términos eran similares a los del anterior fallo.
Y
es que los residuos mineros se acumulan en plena naturaleza haciendo que, por
las condiciones atmosférica y medioambientales, puedan filtrarse a las cuencas y
al subsuelo. Además, en Sallent, una
montaña de 500 metros de altura da fe de la dejadez para minorar los
efectos industriales. En Europa, los desechos industriales se inyectan de nuevo
en las minas perforadas mediante la técnica del backfilling reduciendo
en su casi totalidad los efectos nocivos sobre el medio ambiente.
Paralelamente,
la Fiscalía barcelonesa interpuso hace dos años una querella
en el juzgado de instrucción número 2 de Manresa contra tres altos
directivos de Iberpotash por presuntos delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente.
http://lamatrixholografica.wordpress.com
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