“El agua es un servicio, no un negocio”.
Con este lema, miles de habitantes del pueblo Laguna de Duero (Valladolid) han
plantado cara durante casi un año al proyecto del alcalde, Luis Minguela, de
privatizar la gestión del agua del municipio hasta que, el pasado viernes,
recibieron por sorpresa la noticia de que el proceso quedaba
suspendido.
“Tras las medidas de contención del gasto, y con
la consiguiente mejora notable del estado del remanente de tesorería, el equipo
de Gobierno municipal ha decidido continuar con la gestión directa del Servicio
de Agua”, rezaba el consistorio en un comunicado. Precisamente, el déficit
municipal había sido la excusa para perpetrar la “externalización de la gestión”
del agua.
Desde la Plataforma contra la Privatización del
Agua de la localidad -formada por PSOE, IU, la asociación de vecinos La Calle,
CCOO, UGT y USO-, reivindican el éxito de la movilización social. “Estamos
convencidos de que es lo que les ha llevado a echarse atrás: tanto las
manifestaciones masivas, como las recogidas de firmas o las alegaciones que
hemos ido presentando en los plenos”, asegura Jesús Salamanca, concejal de
Izquierda Unida.
Minguela justificaba la privatización del agua
con el supuesto ahorro para las arcas públicas. “Es totalmente falso: se habría
recibido dinero de la empresa al principio, en pago por la concesión, pero a la
larga es una pérdida, ya que el servicio público da una media de 200.000 euros
de beneficio”, defiende Salamanca, quien señala que “se habría producido también
una subida brusca de la tarifa para el consumidor”.
Pese a la lucha sostenida, la noticia ha cogido
por sorpresa a la oposición. El pasado viernes, Izquierda Unida presentó una
alegación en un pleno extraordinario junto a la La Calle contra la privatización
del agua. No obtuvieron respuesta ni información al respecto. Pocas horas más
tarde, el alcalde anunciaba su intención de suspender el proceso.
“El proyecto estaba ya en su última fase, ya que
se habían realizado todos los estudios económicos; el alcalde ha visto el
rechazo social y además ha querido apuntárselo como una victoria personal”,
afirma Salamanca. “Por arte de magia se ha reducido el déficit un 80%, así que
de todos modos nos tomamos con cautela la noticia hasta que comprobemos las
cuentas”, añade.
Desde el Ayuntamiento defienden que la decisión
no fue política, sino económica. “Hemos puesto toda la carne en el asador para
no gastar el presupuesto, y no hemos sabido cómo estaban las cuentas hasta que
se han cerrado las facturas”, defiende Luis Valle, portavoz del Consistorio.
“La única solución que tenía el Ayuntamiento ha
sido quitar ayudas y subvenciones a asociaciones de todo tipo, así como que las
fiestas de navidad se reduzcan muchísimo, que se rebajen los sueldos de los
políticos, que se optimice el sistema público de limpieza, entre otras medidas”,
mantiene Valle. “Al cumplirse los requisitos económicos, en coherencia, hemos
retirado el proyecto de externalización de la gestión del agua”, zanja.
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