Esta noticia podría ser un indicio
importante de que el poder está cambiando en el mundo.
La Policía francesa ha registrado este
miércoles el piso parisino de la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, como parte de la investigación del caso Tapie.
El abogado de Lagarde, Yves Repiquet, ha
confirmado a los medios franceses la información pero ha destacado que el
registro va a servir para “esclarecer la verdad” y contribuir a “exonerar de
toda responsabilidad penal” a su clienta.
La investigación a Lagarde por parte de la
Justicia francesa se abrió oficialmente en agosto de 2011, con el objetivo de
verificar si en 2008 intercedió de forma presuntamente ilegal para conceder una
millonaria indemnización al empresario Bernard Tapie e incurrió en los delitos
de “complicidad en falsificación” y “desvío de bienes públicos”.
Arbitraje sospechoso
La entonces ministra de Economía de Francia, en
el gobierno de Nicolás Sarkozy, decidió que el monto de esa compensación por la
venta de Adidas, empresa embargada a mediados de la década de 1990, fuera fijado
por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales, tras 18 años de
litigios.
La elevada cuantía acordada, de 285 millones de
euros que con los intereses se acercaba a los 400 millones, sorprendió a varios
diputados socialistas, que acabaron acudiendo a la Justicia para denunciar el
procedimiento.
Un documento del Tribunal de Justicia (CJR),
difundido en agosto de 2011, indicaba que hay “indicios graves y concordantes
que permiten sospechar que, bajo la apariencia de regularidad de un
procedimiento de arbitraje, se esconde una acción concertada para otorgar” a
Tapie una indemnización que no habría podido obtener por la vía judicial.
La Policía se ha presentado también
recientemente, entre otros, en los domicilios del entonces secretario general
del Elíseo, Claude Guéant, del propio Tapie y de Stéphane Richard, que dirigía
el gabinete de Lagarde cuando se produjo el arbitraje.
Si se demostraran los hechos, Lagarde podría ser
condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y a 10.000 euros de
multa.
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